En dicha comparecencia se abordarán las declaraciones del exmandatario y el exjerarca policial, quienes durante la audiencia previa al juicio celebrada el 18 de enero, ante el juez Kevin Castel, expresaron su descontento con sus respectivos abogados.

"La Corte realizará una audiencia sobre los asuntos abordados en el informe del gobierno. Dos cartas del 19 de enero de 2024 fijan la fecha para el 23 de enero de 2024 a las 10:00 horas (9:00 a.m. hora hondureña) en la Sala 11D. Se requiere la presencia del Gobierno de EE.UU. y de cada acusado. El Gobierno se encargará de la presentación de cada acusado", dice la carta firmada por Castel.

Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en la audiencia previa al juicio, Juan Orlando Hernández declaró que no se siente debidamente representado por su abogado, Raymond Colón, y que este ha enfrentado distintas limitaciones debido a problemas de salud que han dificultado su labor en la preparación de la defensa para el juicio programado para el próximo 5 de febrero.

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Además, 'El Tigre' Bonilla afirmó que hubo desacuerdos con su abogado, ya que supuestamente solo dedica dos días a la semana para revisar el caso. En general, sostiene que su defensa no se ha llevado a cabo de manera adecuada debido a la barrera del idioma.

La Fiscalía propone que, cuando un acusado expresa quejas sustanciales contra su abogado, la Corte debe investigar las razones de su insatisfacción.

Como medida de precaución ante posibles interrupciones del juicio, la Fiscalía sugiere que, el Tribunal podría designar abogados adicionales para Hernández y Bonilla.

Ahora, queda en manos del juez Kevin Castel decidir si nombra a los abogados públicos solicitados por los acusados y si también aplaza el juicio programado para el 5 de febrero de 2024.

Acusaciones contra JOH, 'El Tigre' y Mauricio Hernández

Juan Orlando Hernández, es acusado de participar en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico desde al menos 2004 hasta 2022. Durante su mandato, supuestamente utilizó su posición para apoyar a organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares, recibiendo millones de dólares para facilitar la importación de grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos.

Las acusaciones incluyen que Hernández protegió a algunos de los narcotraficantes más importantes del mundo. Según las investigaciones, proporcionó información confidencial y utilizó recursos militares y policiales de Honduras para proteger los cargamentos de droga. También se le acusa de haber aceptado un soborno de aproximadamente 1 millón de dólares del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, a cambio de proteger las actividades de narcotráfico del Cártel de Sinaloa en Honduras.

Se alega que utilizó las ganancias del narcotráfico para enriquecerse y financiar sus campañas políticas, lo que contribuyó a su elección como presidente en 2013 y 2017.

Por su parte, 'El Tigre Bonilla' Es acusado de desempeñar un papel clave en una conspiración internacional de tráfico de drogas, ocurrida aproximadamente entre 2003 y 2020. Durante este tiempo, Bonilla Valladares supuestamente abusó de su cargo en la policía hondureña para facilitar el tráfico de cocaína a Estados Unidos, utilizando armas de fuego, incluyendo ametralladoras, y participando en actos de violencia extrema.

Las acusaciones detallan que Bonilla Valladares estuvo involucrado en la supervisión del transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas hacia Estados Unidos y que participó en el asesinato de un traficante rival para promover sus intereses en la conspiración. Además, se menciona que proporcionó información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluyendo detalles sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.

Finalmente, Mauricio Hernández Pineda, este fue acusado de tres delitos relacionados con el narcotráfico.

Habría proporcionado seguridad armada, incluyendo individuos que portaban ametralladoras, para envíos de cocaína de varias toneladas enviados a través de Honduras. Además, se reporta que proporcionó información confidencial sobre las fuerzas del orden público para facilitar el transporte de cocaína a través de Honduras. A cambio, habría recibido cientos de miles de dólares en ganancias del narcotráfico.

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