Se trata de la tercera prórroga del estado de excepción parcial que fue publicada el viernes 7 de abril en el diario oficial La Gaceta, tras ser aprobada en Consejo de Ministros, indicó la Policía hondureña en un comunicado.

"La medida implementada por el gobierno de Honduras para contrarrestar la incidencia delictiva en el país tendrá una vigencia hasta las 06:00 p.m. del próximo domingo 21 de mayo", agregó la institución policial.

El estado de excepción, que suspende garantías constitucionales, está contemplado en decreto Ejecutivo PCM 23-2023 y empezó a implementarse del 6 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023 en sectores conflictivos de las ciudades de Tegucigalpa, Francisco Morazán (centro), y en San Pedro Sula, Cortés (norte).

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Posteriormente, las autoridades de la Secretaría de Seguridad pidieron al Gobierno que ampliara la medida en 123 municipios de los 298 que tiene Honduras. El estado de excepción se prorrogó por 45 días, hasta el 20 de febrero.

La segunda prórroga también se otorgó por 45 días, del 20 de febrero al 6 de abril, y por tercera vez, del 6 de abril al 21 de mayo.

No obstante, a finales de marzo las autoridades de Seguridad habían asegurado que el estado de excepción parcial se había extendido por seis meses, hasta el 6 de octubre de 2023.

Operaciones con estado de excepción

Según la Policía hondureña, esta medida ha permitido "la captura de más de un centenar de integrantes de estructuras criminales vinculados a maras y pandillas, que cometen delitos contra la población hondureña".

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Con las operaciones de ataque a la extorsión y delitos conexos se ha registrado una reducción de la tasa de homicidios en el último año, dijo la Policía, sin precisar cifras.

El decreto ejecutivo permite a la Policía Nacional y otros entes de seguridad realizar operaciones focalizadas en los municipios considerados más violentos del país.

Con el estado de excepción la población puede circular normalmente, ya que las acciones de los entes de seguridad se enfocan en acciones de registro y allanamientos para capturar a presuntos miembros de estructuras criminales como la Mara Salvatrucha MS-13, la pandilla Barrio 18, y otras que han surgido en el país.

La Policía presume que estas organizaciones se dedican al cobrar extorsión a micros, pequeños y medianos empresarios, así como a transportistas, muchos de ellos que se convierten en sus víctimas mortales si no les pagan el dinero que les exigen.