Publicado 10 Ago. 2020
Por: Luis Ardón
Presentan moción para que inmigrantes detenidos por ICE paguen el costo de su detención
El operador de los inmigrantes recluidos en el Centro de Detención Stewart, en Georgia, ha mocionado para que los inmigrantes detenidos que ganen sus casos deban pagar los costos de detención.
La organización Southern Poverty Law Center (SPLC) y Project South presentó una moción que busca desestimar la contrademanda de CoreCivic, uno de los mayores operadores de centros de detención de inmigrantes que presta sus servicios a Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el fin de detener el trabajo forzado en una prisión de Georgia, Estados Unidos.
El operador de los inmigrantes recluidos en el Centro de Detención Stewart, en Georgia, ha mocionado para que los inmigrantes detenidos que ganen sus casos deban pagar los costos de detención.
CJ Sandley, abogado de SPLC, manifestó en una declaración de prensa que CoreCivic solo busca con estas acciones el lucro sobre el cuidado de la persona.
La demanda entablada desde 2018 por CJ Sandley contra CoreCivic fue en representación de unos inmigrantes retenidos en el Centro de Detención Stewart, en Georgia, al argumentar el administrador que en caso de ganar sus casos deberían de haber pagado los costos de detención.
Reputación
Para Sandley esta demanda permitirá que sea una ventana para que vean el centro de detención de Stewart como una oportunidad de obtener los máximos beneficios, sin dejar atrás los "pésimos antecedentes que ya tiene".
La demanda argumenta que los inmigrantes son obligados a trabajar en labores de limpieza y cocina por sueldos de cuatro dólares hora.
En caso de rehusarse a trabajar son puestos en confinamiento y les retiran ciertas necesidades básicas, indicó Azadeh Shahshahani, directora legal de Project South.
Este centro de detención, ubicado en la pequeña comunidad de Lumpkin, en el suroeste de Georgia, a unas 140 millas del estado de Atlanta, es una de las mayores prisiones para indocumentados de los Estados Unidos, con una capacidad para albergar hasta 1,800 inmigrantes.
Shahshahani agrega que "es una catástrofe de derechos humanos que se vive en Stewart que exige que se reinventa el sistema de inmigración", porque las empresas privadas al estar impulsadas por las ganancias no tienen cabida en la vida de los indocumentados.
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