La resolución judicial se generó tras desarrollarse la audiencia de declaración de imputados donde el juez Walter Miranda explicó los cargos presentados por la Fiscalía a los imputados, que también incluye a Jorge Handal, exgerente de Banadesa, Lilia Bográn y James Aldana, exgerentes de Finanzas, y a Roberto Zúniga, exdirector de presupuesto de Finanzas, todos acusados por violación a los deberes de los funcionarios.

El juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Walter Miranda, dictó este miércoles medidas distintas a la prisión contra el expresidente hondureño Porfirio "Pepe" Lobo, y el exsecretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, acusados de fraude, y otros cuatro exfuncionarios en el caso conocido como "Pandora II", relacionado al desvío de L 288 millones de fondos públicos.

En ese sentido, se determinó prohibir salir del país a los imputados, así como firmar dos veces al mes en la CSJ y rendir caución por valor de 6 millones de lempiras. La audiencia inicial quedó agendada para el próximo 10 de enero de 2023.

En este proceso, el pleno de magistrados de la CSJ designó también a las magistradas Francisca Villela y Gaudy Bustillo, junto con el magistrado Nelson Mairena, como magistrados de corte de apelaciones para evaluar los posibles recursos que puedan presentarse a lo largo del proceso.

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Pandora II

Las acusaciones se centran en una red de corrupción que habría facilitado el desvío de fondos por un total de L288,016,175.00 destinados originalmente a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) entre 2010 y 2013.

Según los fiscales, estos fondos se redirigieron hacia campañas electorales del Partido Nacional, utilizando empresas ficticias, prestanombres y contratos falsos en lugar de ejecutar proyectos sociales a través de las ONG "Todos Somos Honduras" y "Dibattista".

El exmandatario Juan Orlando Hernández, alias JOH, también acusado por fraude y lavado de activos en este caso de corrupción, está actualmente enfrentando cargos de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

En el caso de Hernández, se le acusa de haberse beneficiado de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las mencionadas fundaciones, donde el exmandatario recibió para el financiamiento de su campaña, al menos 62 millones de lempiras a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasma, prestanombres y contratos ficticios.

Estos fondos fueron destinados a los movimientos "Azules Unidos" y "Amigos de JOH", además de la sociedad mercantil denominada "La Cachureca", así como a sus gerentes de campaña departamentales.