Publicado 8 Nov. 2021
Por: Redacción TVC
Nasry Asfura promete usar la Ley de Descentralización para apoyar a las alcaldías de Honduras
Conoce en qué consiste el proceso de descentralización que una nueva normativa establece y que será una de las herramientas que ofrece usar el presidenciable nacionalista
El candidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, promete usar la Ley de Descentralización del Estado en beneficio de las 298 municipalidades de Honduras.
"Si no existe una descentralización, no hay forma de que el país se desarrolle", declaró Asfura a inicios de octubre durante la presentación de su plan de gobierno ante el Foro Nacional de Convergencia (Fonac).
Mayor independencia
La asignación presupuestaria continuará a cargo del Sistema de Administración Financiera (Siafi), que gestiona la Secretaría de Finanzas, pero la ejecución de los proyectos la realizarán las alcaldías de forma independiente.
Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) dejaría de ejecutar algunos proyectos de infraestructura asignados a alcaldías.
Asfura subrayó, en ese sentido, que "la toma de decisión de los alcaldes deberá verse reflejada en el desarrollo de cada municipalidad".
El presidenciable nacionalista, que competirá en los comicios generales del 28 de noviembre, ha sido alcalde del Distrito Central, capital de Honduras, durante dos periodos constitucionales: 2014-2017 y 2018-2021.
Y, desde su experiencia como edil capitalino, aseguró que el "empoderamiento de las alcaldías" le favoreció a él en la ejecución de proyectos de desarrollo durante ambas gestiones.
Las fuentes de financiamiento de las alcaldías incluyen: ingresos tributarios del presupuesto general, impuestos municipales, venta de bienes, tasas y contribuciones del plan de arbitrios y transferencias del Poder Ejecutivo entre otras.
¿En qué consiste la Ley de Descentralización?
El 8 de noviembre (08.11.2021) entrará en vigencia la Ley de Descentralización del Estado, una normativa que fue aprobada desde 2016, bajo decreto 85-2016.
La legislación fue publicada el 19 de octubre en el Diario La Gaceta y establece que comenzar su vigor 20 días después de este hecho.
La ley traza como objetivo contribuir a la modernización y a la democratización del Estado. De igual forma, busca crear condiciones favorables a la competitividad y a la cooperación local o regional.
Para conseguirlo, la nueva normativa también plantea la creación de una Comisión Especial de Descentralización del Estado (CEDE). Esa institución se encargará de concertar y aprobar políticas públicas o estrategias relacionadas con la descentralización.
El presidente de la República será el encargado de coordinar la CEDE.
"Descentralizar la gestión pública, con un enfoque en las alcaldías municipales, hará que éstas compitan entre sí en cuanto a ejecución de proyectos de desarrollo", consideró, en comunicación con tunota.com, el dirigente nacionalista Fernando Anduray.
l mismo modo, se constituirá la Dirección General de Descentralización del Estado de Honduras (DGDEH), ente encargado de la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la ley.
Entre otros puntos, la normativa aspira a mejorar los resultados de la gestión pública nacional y municipal, así como a propiciar una rendición de cuentas de la gestión pública descentralizada.
"Es necesaria una descentralización, pero también se requiere transparencia en el manejo de recursos por parte de los alcaldes", manifestó, a este medio de comunicación, el también activista de ese instituto político, Kilvett Bertrand.
Con el objetivo de promover el dialogo, el debate y la reflexión sobre los avances de la gestión para la descentralización, se creará además el Foro Consultivo de Descentralización (FCD).
Los organismos descentralizadores (CEDE, DGDEH y FDC) deben presentar el primer Plan Anual de Descentralización dentro de los 90 días hábiles siguientes a la vigencia de dicha ley.
En esta plan debe plasmar las competencias, funciones o servicios a descentralizar en el transcurso de un año.
A partir de 2014, el Poder Ejecutivo transfiere mensualmente a las alcaldías el 11 por ciento de los ingresos tributarios del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, según una reforma a la Ley de Municipalidades.
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