En una comunicación enviada por el juez Kevin Castel este 15 de diciembre de 2023,a las partes, informa: "Pese a que el Tribunal suspenderá su orden hasta el 21 de diciembre de 2023, permitirá que el gobierno decida si desea presentar una apelación o una orden judicial".

Castel dice que si el Gobierno informa al Tribunal que tiene la intención de presentar una apelación o un escrito, se considerará extender la suspensión.

Esto se debe a que las partes desde el mes de septiembre de 2023, se enfrascaron en una discusión sobre qué parte de la evidencia presentada puede considerarse clasificada o no, especialmente cuando se trata de información sobre agentes de Estados Unidos y sus informes.

Pero recalca: "El juicio de esta acción sigue programado para el 5 de febrero de 2024 a las 10 a. m. y el Tribunal no prevé cambiar ese cronograma".

Los planteamientos

En la notificación de cinco páginas, Castel expone que el abogado autorizado para la revisión de la información clasificada en este caso, Sabrina Shroff, ha participado en el proceso CIPA.

Señala que el abogado no autorizado de Hernández, Raymond Colón, sin acceso a la información clasificada, es quien planteó ciertas cuestiones de descubrimiento de evidencia en una carta registrada y posteriormente eliminada ante la insistencia del gobierno porque supuestamente reveló información clasificada.

Castel señala en la carta que "el gobierno nunca ha demostrado a su satisfacción, que la información conocida por el acusado como funcionario electo de Honduras antes de su acusación y extradición a los Estados Unidos sea considerada como "información clasificada", según la sección 1 de CIPA".

Esto se debe simplemente al hecho de que un empleado de una agencia de Estados Unidos también conocía esa información y la había registrado adecuadamente como clasificada, indica en el escrito.

Asegura que las observaciones y recuerdos de un empleado de los Estados Unidos son, de hecho, clasificados, y el acusado no puede obligar a declarar sobre las observaciones y recuerdos del empleado excepto en cumplimiento de la CIPA.

"No se ha demostrado que los mismos principios se apliquen a los propios recuerdos independientes del acusado", concluye Castel.

Un ejemplo

"Para ilustrar su punto, el juez menciona que si un funcionario electo de una nación extranjera pronuncia un discurso televisado a nivel nacional, y, 'supongamos además que un empleado de una agencia de los Estados Unidos prepara un resumen y análisis del discurso, incluyendo sus reflexiones, impresiones y observaciones sobre el hablante y el discurso, y que dicho resumen y análisis están clasificados por una autoridad competente, se deduce que nadie puede revelar el contenido de ese resumen y análisis clasificados a ninguna persona que no tenga la autorización requerida y no necesite conocerlo".

El mismo principio asegura Castel que se aplica a una reunión entre el funcionario electo extranjero y uno o más terceros, incluso si los terceros, incluyen a un empleado de una agencia de los Estados Unidos.

"Si a partir de entonces, el empleado de una agencia de los Estados Unidos escribe un resumen y un análisis de la reunión que esté debidamente clasificado, ese resumen y análisis permanecerán clasificados, al igual que cualquier recuento por parte del empleado o de los destinatarios de la información".

Y agrega: "hasta donde el gobierno ha demostrado, el acusado nunca ha adquirido un deber de lealtad o confidencialidad hacia los Estados Unidos" dice el juez Castel.

La evidencia

Ante los cuestionamientos de lo que Juan Orlando Hernández puede discutir con Sabrina Shroff, abogada autorizado para la información clasificada para la preparación del juicio, "el acusado puede discutir con sus abogados autorizados y no autorizados sus propios recuerdos de reuniones y encuentros con empleados o funcionarios de los Estados Unidos o sus agencias", señala.

Por ello la Fiscalía sugirió que Shroff puede reunirse con el acusado en un Centro de Información Compartimentada Sensible (SCIF) con un intérprete autorizado de español.

"La Fiscalía da su consentimiento para que el acusado converse sobre sus propios recuerdos con su abogado autorizado en un SCIF, utilizando un intérprete autorizado."

Esto porque la Fiscalía cuestiona la información brindada por personas o agentes que trabajan en nombre de los Estados Unidos, si estos tenían o no autorización para conocer cierta información clasificada y, después del hecho, aseguran que sin autorización quieren volver a acceder al material clasificado al que antes accdieron legalmente y que ahora no pueden.

El juez Castel señala que el gobierno ha determinado que la información clasificada en este caso requiere protección por razones de seguridad nacional.

Pero Castel dice que, "no hay indicios de que una autoridad apropiada haya determinado que los recuerdos del acusado sobre las reuniones con funcionarios gubernamentales requieran protección por razones de seguridad nacional, y nada en esta orden impide que una autoridad apropiada tome esa determinación ahora, sujeto al derecho del demandado a impugnar dicha clasificación".

Castel autoriza a que Hernández pueda reunirse con sus abogados autorizados y no autorizados y discutir sus propios recuerdos de los acontecimientos, incluidas reuniones con personas empleadas por los Estados Unidos o una de sus agencias, y QUE no necesita hacerlo en un SCIF o con un intérprete autorizado", señala.