El comisionado de la Policía Nacional, Juan Sabillón, informó que hay equipos permanentes trabajando en la localización de los tres exfuncionarios durante la Administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022) para ser capturados y llevados ante la justicia hondureña.

"La Policía Nacional junto con Interpol están haciendo todas las diligencias pertinentes para emitir las respectivas alertas y así poder localizar estas personas en caso de que estos ya hayan salido del país por puntos no controlados", mencionó Sabillón.

De acuerdo al funcionario policial, son más de 190 países los que estarían recibiendo estas alertas para las capturas de Chávez, Consuelo Flores y la exviceministra de Finanzas.

"El objetivo de las alertas es que alguna persona que tenga cuentas pendientes con la justicia de un determinado país, al emitir la alerta sea localizado, capturado y retornado al país desde dónde se emitió la alerta", dijo Sabillón.

Caso David Chávez

En el caso de David Chávez, el presidente del Partido Nacional es requerido por la supuesta compra irregular de un equipo de software y adiestramiento automotriz para el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) de Catacamas, Olancho (oriente), ente del que fue director entre 2010 y 2013.

El costo del software, según el caso denunciado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en 2015, fue de 75.8 millones de lempiras, pero fue sobrevalorado en 21.9 millones de lempiras.

David Chávez fue requerido por las autoridades migratorias el pasado 28 de noviembre en el aeropuerto de Palmerola, en Comayagua, cuando se dirigía a Estados Unidos.

Horas después de este incidente, el Ministerio Público solicitó su captura con carácter "inmediato" por suponerlo responsable de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Administración pública.

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Consuelo Flores y Rodríguez

Mientras tanto, las exfuncionarias, junto con la exministra de Finanzas, Rocío Tábora (recluida en Támara), enfrentan acusaciones de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos en la compra irregular de siete hospitales móviles a una empresa de Turquía, por 47.5 millones de dólares, destinados a enfrentar la pandemia del covid-19 en 2020.

Entre marzo y abril de 2020, el Gobierno hondureño adquirió los hospitales a través de la extinta estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), con el guatemalteco Axel Gamaliel López, representante legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC, para atender la pandemia.

Desde abril de 2021, López tiene una orden de captura con alerta roja internacional y es sindicado de dos delitos de fraude como cooperador necesario.

Por este caso fueron condenados el exdirector de Invest-H, Marco Bográn, y el exadministrador, Alex Moraes.

En junio de 2022, un tribunal sentenció a Marco Bográn a 10 años 11 meses con siete días y medio de cárcel por fraude agravado en la compra de los siete hospitales móviles.

Además, tendrá que pagar una multa de 1,475 millones 921 mil 298 lempiras y una inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por el doble de la pena de cárcel.