El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, condenó en un comunicado "las acciones antidemocráticas" en el Congreso Nacional de Honduras al nombrar de manera interina a Johel Zelaya y Mario Morazán como titulares interinos de la Fiscalía hondureña.

"Estados Unidos condena el reciente uso de la violencia en Honduras para socavar la democracia y permitir el nombramiento irregular y sin precedentes de un fiscal general y adjunto interino", reza el comunicado.

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Miller puso como ejemplo "actos de violencia e intimidación" entre el pueblo hondureño al llamar a grupos violentos a movilizarse, lo que resultó en agresiones físicas y actos de intimidación, algunos de los cuales resultaron en lesiones.

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Según la Administración de Joe Biden, estas "acciones antidemocráticas socavan las instituciones de Honduras y son inconsistentes con los principios básicos de la Carta Democrática Interamericana, que Honduras firmó como miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en septiembre de 2001".

Relaciones Honduras - Estados Unidos

El Departamento de Estado no detalló las identidades de ninguno de los sancionados, que podría incluir a diputados del Congreso Nacional y otros funcionarios de la Administración de Xiomara Castro.

"Estados Unidos apoya al pueblo hondureño y a quienes buscan fortalecer la democracia y el Estado de derecho en Honduras, y seguimos comprometidos a promover la rendición de cuentas de quienes lo socavan", concluye el comunicado.

El lunes, una delegación de senadores y congresistas de Estados Unidos, encabezada por Tim Kaine, se reunió con la presidenta Castro y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para abordar temas como la elección de fiscales del Ministerio Público y los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Kaine afirmó que no cree que en Honduras haya riesgos de un golpe de Estado ni de un "terremoto político" que sacuda la democracia, como asegura que está sucediendo en Guatemala.

Estados Unidos anunció el lunes que prohibió la entrada al país de 300 guatemaltecos, entre los que hay 100 miembros del Congreso, por "socavar la democracia" del país centroamericano.

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