El 22 de marzo, el presidente Donald Trump firmó un polémico memorando titulado “Prevención de Abusos del Sistema Legal y la Corte Federal”, con el que ordena sancionar a abogados y bufetes de abogados que desafíen sus políticas, en especial aquellos que defienden los derechos de inmigrantes.

Esta decisión ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos civiles y abogados, quienes la consideran un ataque directo al Estado de derecho y a las garantías constitucionales.

La decisión que divide opiniones

El memorando de Trump establece que los abogados que presenten "demandas frívolas" contra las políticas del gobierno, especialmente en casos relacionados con inmigración, puedan enfrentar medidas disciplinarias.

En particular, el presidente instruyó al Fiscal General a investigar y remitir casos de conducta profesional inapropiada ante tribunales federales, si las demandas son consideradas infundadas o dañinas para la seguridad nacional.

Este movimiento ha sido interpretado como un intento de intimidación para frenar los esfuerzos de abogados y organizaciones que luchan contra las políticas migratorias de la administración Trump.

Entre ellos se destacan abogados que han representado a inmigrantes y votantes en casos judiciales importantes.

Donald Trump emite sanciones contra abogados que ayuden a inmigrantes

Cecillia Wang, Directora Jurídica Nacional de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), calificó el memorando de Trump como un "ataque aterrador y sin precedentes contra los cimientos de la libertad y la democracia".

Según Wang, el objetivo de estas sanciones es silenciar a aquellos que defienden los derechos fundamentales de los ciudadanos y a quienes exigen responsabilidades al gobierno.

Asimismo, Nicole Melaku, directora ejecutiva de la Alianza Nacional para Nuevos Estadounidenses, expresó su preocupación, señalando que el presidente busca “perseguir” a los abogados que promueven un sistema judicial justo y que defienden a las comunidades marginadas.

"Al abusar de su poder para amenazar a los abogados, el presidente está asegurando que no vivamos en una democracia", subrayó Melaku.

¿Qué impulsa esta medida?

El presidente Trump ha justificado las sanciones argumentando que las demandas presentadas por algunos abogados han sido parte de un ataque partidista contra su administración.

Según Trump, estos litigios han ignorado las normas profesionales y han interferido con la aplicación de políticas federales.

Sin embargo, muchos consideran que esta medida tiene como fin intimidar a quienes se oponen a sus políticas, especialmente aquellas que afectan a inmigrantes y comunidades vulnerables.

Defensa del sistema judicial y la democracia

Shayna Kessler, directora de la iniciativa ‘Avanzando la Representación Universal’ del Instituto Vera de Justicia, también criticó la postura de Trump, recordando que todos los ciudadanos deben poder acceder a una defensa legal adecuada, particularmente en los procedimientos judiciales de alto riesgo que involucran a inmigrantes.

Kessler instó a la administración a revertir esta decisión para preservar la integridad del sistema judicial y la democracia en los Estados Unidos.

Aplica a cualquier persona dentro del país

Sin embargo, se deja claro que, según la Constitución de los Estados Unidos, el debido proceso aplica a cualquier persona dentro del país, no solo a los ciudadanos estadounidenses.

La nueva política de sanciones a abogados representa un punto crítico en la relación entre el gobierno de Trump y las instituciones legales, que han jugado un papel fundamental en los desafíos judiciales contra sus políticas.

Diversas organizaciones de derechos civiles, abogados y defensores de los derechos humanos seguirán enfrentando a la administración en tribunales, manteniendo la lucha por el respeto al Estado de derecho.

"Silenciar" a los abogados

Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU, calificó la orden como "otro paso" de Trump hacia el desmantelamiento del "Estado de derecho" y un intento de "silenciar" a los abogados que intentan exigir al Gobierno responsabilidades cuando se vulneran los derechos de la población.

"Esta acción del presidente de Estados Unidos es un ataque sin precedentes y estremecedor a los cimientos de la libertad y la democracia", afirmó Wang.

Actualmente, los tribunales federales están examinando más de un centenar de demandas contra medidas adoptadas por Trump, muchas de ellas en materia migratoria.

Un juez, por ejemplo, ha fallado en contra de su intento de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o con visados temporales nacidos en Estados Unidos.

Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ha gobernado a golpe de orden ejecutiva, buscando expandir los poderes del Ejecutivo y desafiando abiertamente la separación de poderes, con el poder judicial como su principal obstáculo.