Dicha solicitud de Shroff surge luego de que Castell denegó el 19 de diciembre que se brindara toda la documentación, incluyendo la información clasificada, al equipo de defensa de JOH -como se le conoce también al exmandatario- por razones de seguridad nacional.

En su solicitud, Shroff argumentó ante el juez que el 26 de diciembre presentó al Gobierno de Estados Unidos una lista de documentos clasificados que "no reflejan las declaraciones de Juan Orlando Hernández".

Lo anterior fue basado por la profesional del derecho en que la Regla 16 del Procedimiento Penal Federal dicta que el Gobierno tiene la carga de revelar al acusado cualquier declaración escrita o grabada pertinente que esté en su posesión, custodia o control.

Es por ello que en su escrito la abogada pidió que se le proporcione una versión desclasificada de las decisiones orales del tribunal y los documentos clasificados presentados hasta la fecha, esto para tener acceso a información que sea relevante para la defensa de JOH.

De tal manera, la audiencia de información en el caso se mantiene programada para el 16 de enero de 2024, mientras que el inicio del juicio en su contra comienza el 5 de febrero del mismo año.

El litigio JOH vs. Fiscalía

Una de las intenciones de JOH a través de su defensa era obtener información de la "identificación de individuos, como funcionarios de alto rango" de Estados Unidos, que presuntamente tuvieron relación con operaciones de agencias antidrogas en Honduras.

Se pidió con base a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (Cipa, por sus siglas en inglés).

Con ello, la defensa buscaba la identidad de un sujeto, que era una 'fuente de confiabilidad desconocida', quien sostuvo que el expresidente hondureño habría recibido apoyo en helicópteros por parte de grupos criminales para asistir a reuniones políticas de cara al controversial proceso de elecciones en 2017.

Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras durante dos periodos consecutivos: el primero entre 2014 y 2018 y el segundo en una polémica reelección entre 2018 y 2022.

Luego de dejar el cargo, el Gobierno de Estados Unido lo solicitó en extradición a Honduras, por lo que fue capturado el 14 de febrero de 2022 y entregado a la justicia estadounidense en abril de 2022.

Desde entonces guarda prisión en el Centro Correccional Metropolitano, de Nueva York.