"Creemos que la ley tiene muchos vacíos legales. Cuatro puntos han sido analizados por el sector privado en forma general y hemos entregado a la comisión de dictamen del Congreso un planteamiento general sobre cada uno", expresó el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho.

El Cohep solicitó que se aclare de forma general el propósito de la Ley de Justicia Tributaria, que contempla la política de inversiones, modelos de inversión y la implementación de nuevos regímenes de incentivos fiscales.

Asimismo, una reforma constitucional de justicia tributaria, que pretende reformar los artículos 338 y 351 de la Constitución de la República con respecto a los monopolios y oligopolios fiscales.

De igual modo, la Ratificación de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal.

Por último, la Ley de Beneficiario Final, que pretende "luchar contra la evasión y elusión fiscal, prevenir el lavado de activos y la corrupción o el financiamiento del terrorismo", según su artículo 1.

Agregó que esperarán que la comisión de dictamen, que lleva a cabo la socialización del anteproyecto, tome en consideración sus observaciones.

"Ya tenemos la apertura de la comisión de revisar las propuestas que hemos hecho esta tarde", manifestó Urtecho.

El Cohep añadió que hicieron las observaciones porque es "su obligación" y que, a partir de este momento, dejarán todo en manos de la comisión de dictamen y del Servicio de Administración de Rentas (SAR).

"Serán los representantes de la comisión de dictamen junto con sus asesores, en este caso el SAR, quienes van a evaluar y exponer si hay que modificar algunos textos. Si no se hace, vamos a esperar la decisión del pleno de diputados", agregó el representante del Cohep.

El dictamen de la Ley de Justicia Tributaria, que busca eliminar 14 regímenes de exoneración fiscal y establecer nuevos controles, necesita de un mínimo de 65 votos para convertirse en decreto legislativo.

Profundo debate

Desde que el Ejecutivo anunció su intención de incluir este anteproyecto de ley en el marco normativo hondureño, Gobierno y empresa privada han entrado en un profundo debate.

Algunos funcionarios han asegurado que el Cohep busca apañar la corrupción al oponerse a la Ley de Justicia Tributaria, pero desde esa organización han rechazado todas esas aseveraciones.

"No apoyamos la corrupción, la hemos cuestionado siempre. Y si alguien ha cometido algún acto de corrupción derivado de las exoneraciones o exenciones, eso responde individualmente a cada persona", indicó Urtecho este lunes.

En un comunicado, el Cohep agregó que, al contrario, acompañarán al Gobierno en todos sus esfuerzos por combatir la corrupción.

Además, manifestaron que creen en el diálogo como "herramienta fundamental de la sociedad para construir un proyecto de ley que llene las expectativas de todos los sectores sociales y económicos".

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El anteproyecto de la Ley de Justicia Tributaria, que contiene 41 artículos, plantea "detener los abusos en los regímenes de las exoneraciones fiscales", "lograr que, sin crear nuevos impuestos, quien más gane, más pague" y "profundizar en la transparencia fiscal".

Según el Gobierno, en un período comprendido entre 2009 y 2022, los regímenes de exoneraciones fiscales, así como los beneficios otorgados a estos, representaron privilegios fiscales que suman L451,415.3 millones.

Sin embargo, desde la empresa privada advierten que la Ley de Justicia Tributaria podría disminuir la inversión extranjera y nacional, y disminuir la generación de nuevos empleos, pero piden una exhaustiva revisión de varias de las exoneraciones vigentes.