La directora ejecutiva de esa organización, Gabriela Castellanos, detalló que la Unidad de Investigación, Seguimiento y Análisis de Casos del CNA tiene en su poder "expedientes de hechos notorios de actos de corrupción de este gobierno".

"Se trata de casos investigados con respaldo probatorio en donde el Consejo Nacional Anticorrupción estará llevando expedientes al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas", amplió Castellanos.

El CNA no especificó cuáles son las instituciones involucradas, ni en qué fecha presentarán los expedientes ante los órganos descritos, pero sí se mostró seguro de contar con los respaldos suficientes.

Según la base de datos del CNA, entre 2014 y 2023, han presentado 146 casos de corrupción ante los órganos de contraloría y persecución penal del Estado hondureño.

Sin embargo, en ese lapso, solo se han judicializado 27 casos y apenas se han resuelto cuatro, con lo cual 115 (el 78.8%) permanecen en impunidad.

La corrupción, estima el CNA, ha generado al Estado hondureño un perjuicio económico que supera los L10,000 millones solo entre 2014 y 2023.

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Bandera anticorrupción

El actual Gobierno asumió funciones el 27 de enero de 2022, con la asunción al poder de Xiomara Castro, quien puso fin a doce años continuos de gobiernos nacionalistas, cuestionados por escándalos de corrupción y supuestos vínculos con narcotráfico.

Una de las principales promesas de campaña de las actuales autoridades fue la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este martes, en Consejo de Ministros, la presidenta Castro firmó una carta que incluye los términos de referencia que darán paso a la llegada al país de una misión de expertos de la ONU, quienes propondrán reformas y nuevas leyes a fin de garantizar el desempeño del ente anticorrupción.

Según confirmó la Cancillería hondureña, la carta fue remitida al subsecretario general para Europa, Asia Central y América del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU, Miroslav Jenca.

Al margen de lo anterior, analistas aseguran que, sobre todo desde el Congreso Nacional, no existe voluntad política para derogar leyes que obstaculizan la acción penal (como la Ley de los Fondos Departamentales) o para aprobar normativas que faciliten el combate a las redes de corrupción (como la Ley de Colaboración Eficaz).

Ambas normativas figuran dentro del memorando de entendimiento suscrito el 15 de diciembre de 2022 entre el Gobierno y la ONU.