Cerca de 3 mil privados de libertad en Honduras podrían salir de prisión, tras la aplicación de los principios de lesividad y gradualidad de la pena en el nuevo Código Penal, según el abogado Marco Zelaya, en entrevista con Telenoticias Matutino.

De acuerdo con Zelaya, entre los delitos que presentan una reducción de pena está el tráfico de drogas.

"Una persona que fue condenada a 15 años de cárcel y una multa de uno a cinco millones de lempiras, si esta persona ya tiene 8 años en prisión y en la gradualidad de la pena, según el principio de retroactividad y tendría que aplicársele todo el procedimiento que ya determina el nuevo Código y una vez que concluya, ponerlo en inmediata libertad", ejemplificó el abogado.

El nuevo Código Penal entró en vigencia este 25 de junio, pese a una sesión de emergencia celebrada el miércoles 24 por más de 67 diputados, quienes votaron por la abrogación del instrumento legal.

La inédita sesión legislativa se instaló tras la elección de una Junta Directiva provisional presidida por el diputado del Partido Alianza Patriótica, Dennis Castro Bobadilla, también se eligió como vicepresidentes a los diputados del Pinu, Doris Gutiérrez, David Reyes y Luis Fuentes.

Asimismo, los diputados Jorge Cálix y Sobeyda Andinodel Partido Libertad y Refundación (Libre) y Partido Liberal, respectivamente, fueron elegidos como secretarios.

Nuevo Código Penal

Por su parte, el abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, manifestó en Telenoticias que esta abrogación del nuevo Código Penal es inconstitucional, ya que violenta el artículo 188 de la Constitución de la República.

No obstante, destacó que la entrada en vigencia de la nueva normativa es inconstitucional, ya que el país se encuentra en medio de una emergencia sanitaria, por el covid-19.

Además: "Desgraciadamente entrará en vigencia el nuevo Código Penal", según abogado constitucional de Honduras

Por su parte, el asesor presidencial Marvin Ponce expresó que lo que el pueblo realmente quiere es "que se hable de los casos de corrupción que han empañado el sector salud para atender la pandemia del covid-19" y no de actos políticos.

Según Ponce, lo que se debe destacar de la reunión legislativa es que la oposición demostró que tiene poder de convocatoria.

La nueva ley Penal debió entrar en vigencia inicialmente el 10 de noviembre de 2019, no obstante, el Congreso Nacional aprobó seis meses más de vacatio legis para su entrada en vigor el pasado 10 de mayo de 2020, y posteriormente otro corto receso hasta el 25 de junio del año en curso, que entró en vigencia.